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Piñera en Wallmapu: más colonialismo, con merkén y cochayuyo

La memoria es frágil. Cuando en el Tribunal de Juicio Oral de Angol está en pleno desarrollo el juicio oral en contra de los asesinos de Camilo Katrillanka, este martes el presidente Sebastián Piñera arribó a Wallmapu para intentar resucitar el “Acuerdo Nacional por el Desarrollo y la Paz en La Araucanía” que no es otra cosa que la nueva agenda indígena del gobierno para la zona de conflicto. Este acuerdo nacional viene acompañado del Plan Impulso Araucanía que considera una millonaria inversión pública y privada. Este plan, surgido en 2018, fue el embrión del cuestionado Comando Jungla de Carabineros, responsable directo del crimen del joven mapuche al interior de Temucuicui. Un homicidio que marcaría el inicio del fracaso de la agenda indígena de La Moneda y que el gobierno, ingenuamente, insiste en poner en marcha en territorio mapuche y así aislar la resistencia y el avance del Movimiento Mapuche Autonomista.  

Fue el lunes 24 de septiembre de 2018 que el presidente Sebastián Piñera lanzó con bombos y platillos el Acuerdo Nacional por el Desarrollo y la Paz en La Araucanía, uno de los 5 puntos prioritarios del programa de gobierno con el cual asumió su segundo mandato presidencial. El lanzamiento lo efectuó en Temuco, rodeado de empresarios, políticos de derecha, víctimas de la violencia política y algunas personalidades del mundo mapuche, entre ellas el lonko Aniceto Norin. 

Este acuerdo buscaba trazar una nueva hoja de ruta en materia indígena, cuya intención desde el gobierno era poner fin a la violencia desatada a raíz del conflicto territorial. “Este plan parte con una voluntad, una decisión, un sentido de urgencia y una necesidad de eficacia para lograr empezar a cambiar una historia que, todos sabemos, ha estado plagada de desencuentros, de dolores y de sufrimientos, pero que también tiene cosas maravillosas, que tenemos que recoger y aprender de ellas”, diría el mandatario en una actividad desarrollada en el pabellón “El Amor de Chile” ubicado en Temuco, acompañado de los ministros de Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick; Desarrollo Social, Alfredo Moreno y el intendente de La Araucanía, Luis Mayol.

Entre los anuncios prometidos aquel día por Piñera estaban el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, una ley de cuotas de participación parlamentaria y la urgencia al proyecto de ley que crearía el Ministerio y Consejo de los Pueblos Originarios. Puro humo finalmente.

En materia económica, el Plan Impulso Araucanía consideraba 491 proyectos de inversión en un periodo de 8 años, equivalente a un aporte fiscal cercano a los 8 mil millones de dólares para el periodo 2018 a 2026. Para el éxito del plan, la letra chica incorporaba la modificación de la Ley Indígena para que comunidades y personas naturales mapuche pudieran vender y/o arrendar sus tierras.

Alfredo Moreno, entonces ministro de Desarrollo Social, sería la cabeza del proyecto. Durante cinco meses, el actual secretario de Obras Públicas lideraría una serie de reuniones para dar luz verde al plan, considerado clave para la administración de Piñera. 

Pero el lanzamiento del Plan Impulso Araucanía había comenzado tres meses antes con la implementación del brazo militar que garantizaría el éxito de las inversiones en territorio mapuche, marcado aquel 2018 por la extensa huelga de hambre del machi Celestino Córdoba que trajo consigo numerosas protestas y acciones de sabotajes que a la postre obligarían al gobierno de Piñera a ceder a su demanda de asistir a su rehue. Fue el 28 de junio de 2018 que Piñera presentaría al “Comando Jungla”, la policía antiterrorista formada militarmente en Colombia y EE.UU. para combatir la Resistencia Mapuche.

La puesta en terreno del Comando Jungla se haría sentir rápidamente. La noche del jueves 19 de octubre de 2019 una bala calibre 5.56 disparada desde un fusil M4 alcanzaba a Jorge Kayupan, integrante de la comunidad Mateo Ñirripil de Lautaro. El comunero quedaría herido en una de sus piernas, detenido y dejado en prisión preventiva. Sería el preámbulo de lo que vendría. 

Cinco semanas después del anuncio del Plan Araucanía, en Ercilla sería asesinado Camilo Katrillanka. Una bala en su cabeza percutada por el cabo Carlos Alarcón apagaría los 24 años del joven mapuche integrante de la comunidad Ignacio Queipul de Temucuicui. Las mentiras de Carabineros y el respaldo ciego de las autoridades políticas al procedimiento policial sumergirían al gobierno en su primera gran crisis que terminarían con la interpelación del ministro Chadwick y la renuncia del general director de Carabineros, Hermes Soto y con ello el descabezamiento total de la institución. Como consecuencia el Plan Impulso y la agenda indígena del gobierno quedarían estancados en medio de las reacciones del Movimiento Mapuche, que tras el crimen de Katrillanka se alzaría en distintas zonas de Wallmapu. Con Katrillanka en la memoria, los sabotajes a intereses capitalistas y las recuperaciones de tierra marcarían los meses venideros.

Tras meses en las sombras, el ministro Alfredo Moreno saldría a retomar la agenda indígena. Seria en mayo de 2019. Para ello la cartera de Desarrollo Social llevó a cabo una Consulta Indígena bajo los estándares del Convenio 169 de la OIT para poder introducir modificaciones a la Ley Indígena 19.253. Esto generó la suspicacia de las comunidades mapuche dado que uno de los cambios que se buscaba introducir era la de permitir el arriendo de tierras que a juicio del Movimiento Mapuche era una nueva política de despojo y de respaldo a los intereses económicos en pugna con la sociedad mapuche. Con el lema “La tierra mapuche no se vende y ni se arrienda, se recupera”, las Comunidades y Lof en Resistencia iniciaron una contraofensiva contra las intenciones del gobierno de modificar la Ley Indígena. Ésta se iniciaría el 22 de mayo, mismo día en que comenzaba la consulta. Con marchas en Temuco, Cañete y Concepción las comunidades dejaban en claro su oposición a la iniciativa. Luego vendrían los boicots en las comunas donde el gobierno intentó llevar a cabo el proceso sumado a las múltiples acciones de protesta y resistencia que se desplegaron en los territorios. Así las cosas, en sólo 20 días el Movimiento Mapuche obligó al gobierno a suspender la consulta y Piñera se vio forzado a trasladar a Moreno a Obras Públicas. En su reemplazo asumiría el ex vicepresidente de Corfo y actual presidente de Banco Estado, Sebastián Sichel. El nuevo titular optaría por suspender definitivamente la consulta.

Con esto la agenda indígena del gobierno volvía a fracasar.

Con un gobierno acéfalo en materia indígena el Movimiento Mapuche continuaba su línea de ruta. Fortalecida por el control territorial, el trabajo productivo y el desarrollo cultural. Luego llegaría la Revuelta Popular de Octubre, el coronavirus y tras ello la huelga de hambre mapuche de las cárceles de Angol, Lebu y Temuco, protesta que nadie sospechó pudiera darse en plena pandemia. Con un gobierno deteriorado, el ayuno de los presos políticos mapuche obligó a Piñera a retomar la agenda  indígena. Una vez más. No porque quisieran, sino más bien por el hervidero que la Resistencia Mapuche ocasionó con sus acciones reclamando la aplicación del Convenio 169 en materia penal y penitenciaria.

Sesgado ideológicamente a dialogar con quienes, a su juicio, representan la violencia rural y el terrorismo, el gobierno optó nuevamente con acercarse a los sectores mapuche más conservadores y así instalar la idea, añeja pero efectiva, de los mapuche buenos versus los mapuches malos. Y así fue como a finales de la huelga, en septiembre de este año, la ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, encabezó en Temuco el “Comité Trawun” junto a autoridades tradicionales cercanas al gobierno, en un nuevo acto desesperado por retomar el diálogo con algún sector del pueblo mapuche. La actividad terminaría con enfrentamientos en el estadio Germán Becker de Temuco luego que la actividad se suspendiera en  Carahue  a raíz de las protestas mapuche que generaron este nuevo espacio carente, a todas luces, de representatividad. La  tozudez del gobierno de no dar respuesta a la demanda de los huelguistas significarían también cuatro meses de violencia política nunca vistos en 23 años de conflicto contemporáneo, que a la postre gatillarían el paro de los camioneros y la posterior renuncia, previa acusación constitucional, del ministro del Interior, Víctor Pérez Varela.   

Con estos antecedentes es que Piñera volvió este martes y miércoles a Wallmapu a retomar la agenda indígena y con ello el Plan Impulso. ¿Y qué trajo? más de lo mismo: asistencialismo, anuncios coloniales  y sobre todo más represión. Entre los anuncios hechos destacan decretar feriado el 24 de junio como Día de los Pueblos Originarios, protocolos interculturales en ceremonias públicas, una Ley de Patrimonio Indígena, proyectos habitacionales y la creación del programa “Alimentos Ancestrales Para Vivir Mejor” que buscará la producción y comercialización de alimentos mapuche como el maqui, el merken, el piñón, el cochayuno, entre otros. A contracorriente aprovechó de reiterar su agenda represiva que incluye la creación de un estatuto de protección de las policías, un nuevo sistema de inteligencia, la perfección de la Ley Antiterrorista, retomar la discusión para una nueva ley contra el robo de madera y el anuncio de un nuevo coordinador de seguridad y orden público para la Macrozona  con especial énfasis en las zonas de Arauco y Malleco. 

La gira de Piñera por Wallmapu sirvió también como volador de luces para que las policías allanaran dos Lov en Resistencia en la zona del lago Lanalhue y encarcelaran a un nuevo comunero de Elicura, zona que a la fecha suma siete presos políticos. Paralelamente  se supo que el Ejército traspasó diez nuevos vehículos Mowad a Carabineros. Pero lo más importante, es que permitió reafirmar su incapacidad política para entender que la paz se transa con los contrarios y no con los amigos con los cuales suele tomarse la foto. Y en forma bilateral, tal como fue interpelado por la vocería de los PPM durante la huelga de hambre. Y eso implica hablar de territorio y  autonomía. De forestales y latifundistas. De violencia y presos políticos. Palabras todavía muy grandes para una agenda indígena colonial destinada, una vez más, al fracaso.  

Foto: www.presidencia.cl